Boletín Constitucional - Semana 39

El cronograma oficial. La Presidencia fija la presentación ante el CONPES el 6 de noviembre y la entrega de las Bases el 15 de noviembre; el DNP precisa que las Bases van al Consejo Nacional de Planeación y que el proyecto de ley se radicará en el Congreso el 7 de febrero de 2027. Mientras tanto, el DNP abrió el 22 de octubre un buzón digital para recibir propuestas ciudadanas, de carácter consultivo, y adelanta 13 encuentros regionales.

El marco. El art. 341 C.P. ordena presentar el Plan dentro de los seis meses siguientes al inicio del periodo presidencial, con concepto del Consejo Nacional de Planeación (art. 340), y permite al Gobierno ponerlo en vigencia por decreto con fuerza de ley si el Congreso no aprueba el plan de inversiones en tres meses. La Ley 152 de 1994 fija el envío al Consejo a más tardar el 15 de noviembre (art. 18), el concepto antes del 10 de enero, la presentación al Congreso antes del 7 de febrero (art. 19) y el primer debate en comisiones económicas conjuntas en 45 días (art. 20).

Lo que falta. Al 25 de octubre, ni la Presidencia ni el DNP han publicado las Bases del Plan ni el costo del Plan Plurianual de Inversiones. Lo único oficial es un portafolio preliminar de 334 grandes proyectos por cerca de $535,1 billones, que el presidente mencionó en Pereira (Presidencia) y que no es el plan de inversiones.

La regla aplicada. El art. 348 C.P. dispone que «si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno». El art. 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996) precisa que, si el Congreso no lo expide antes de la medianoche del 20 de octubre, rige el proyecto del Gobierno con las modificaciones aprobadas en primer debate. En la C-1645 de 2000 la Corte declaró inexequible la expresión «o no hubiere sido aprobado por el Congreso» del art. 64 de ese estatuto: cuando el Congreso no expide el presupuesto rige el proyecto del Gobierno, y la repetición del presupuesto anterior solo procede si el Gobierno no lo presentó a tiempo.

Lo que dice el decreto. Sus considerandos recuerdan que el Senado aprobó el presupuesto el 19 de octubre y la Cámara el 20, ambos con modificaciones; que el 21 de octubre el presidente y el secretario general de la Cámara informaron a Hacienda que los textos «no fueron conciliados» y que los términos estaban vencidos, y que el Congreso no integró la comisión accidental del art. 186 de la Ley 5 de 1992. Con apoyo en la C-478 de 1992 y la C-1645 de 2000, concluye que rige el proyecto del Gobierno con las modificaciones de las comisiones económicas conjuntas, y que el Gobierno está facultado para expedirlo «por decreto con fuerza material de ley». El proyecto inicial era de $575,7 billones; las comisiones lo devolvieron el 11 de agosto, Hacienda lo radicó de nuevo el 27 de agosto y el primer debate se aprobó el 23 de septiembre.

Qué cambia. Según El Tiempo, que cita a Hacienda, el decreto adopta el texto de las comisiones conjuntas del 23 de septiembre: $391,38 billones de funcionamiento, $155,43 billones de deuda y $88,14 billones de inversión. Frente a lo votado en plenarias, Salud baja de $84,55 a $81,56 billones y Minas y Energía de $10,51 a $7,51 billones, sin cambio en el total. El medio de la Cámara Poder Legislativo habló de un «posible vicio de trámite en el artículo 65».

Control. La Presidencia había anunciado el 21 de octubre que expediría el decreto ese día (comunicado). Ninguna fuente consultada registra demandas contra el decreto.